En transposición de la Directiva (UE) 2019/1937 sobre la llamada disciplina Whistleblowing, la nueva ley italiana obliga a las entidades del sector privado y público a establecer un procedimiento y canales de denuncia internos que protejan y garanticen los más altos niveles de confidencialidad para Whistleblower, individuos que denuncian violaciones de la legislación nacional o de la UE de las que han tenido conocimiento en un contexto relacionado con el trabajo. La protección se amplía para incluir a toda una gama de denunciantes más allá de los empleados y también tiene en cuenta a las partes interesadas externas (es decir, consultores, subcontratistas y vendedores, "facilitadores" como los familiares del denunciante).